Toda persona tiene derecho al acceso universal a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación.
El Estado garantiza el acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y efectivas, a los servicios básicos de comunicación.
Es deber del Estado promover y participar del desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber.
El Estado tiene la obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital y en sus dispositivos e infraestructuras.
El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad en la red. Las obligaciones, las condiciones y los límites en esta materia serán determinados por la ley.
La infraestructura de telecomunicaciones es independientemente de su régimen patrimonial, de interés público.
Corresponderá a la ley determinar la utilización y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico.
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